LOS 9 CONGRESISTAS QUE PODRIAN SER SNCIONADOS CON «MUERTE POLITICA» POR CASO DE CORRUPCIÓN EN LA UNGRD.
El Consejo de Estado admitió una demanda que acusa a los legisladores de ser cómplices del entramado de corrupción más mediático del actual gobierno. En caso de que considere que la demanda tiene razón, los congresistas podrían enfrentar la pérdida de investidura.
- El expediente por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) volvió a moverse en el escenario judicial. Este lunes, el Consejo de Estado dio luz verde al estudio de una demanda que busca retirarles la investidura a nueve integrantes del Congreso, señalados de haber participado en una red de favores políticos ligada al uso indebido de recursos públicos.
- La acción fue impulsada por el abogado Pablo Bustos, presidente y fundador de la Red de Veedurías ciudadanas, y apunta contra legisladores de varias bancadas, entre ellos la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, cuyo nombre aparece de manera reiterada en los testimonios que dieron origen al escándalo.
Junto a ella figuran otros cinco senadores y cuatro representantes, todos mencionados en el entramado que rodea el desfalco a la Ungrd. Ellos son: Berenice Bedoya (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal). Y en la Cámara de Representantes los señalados son Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (curules de paz).
Según la demanda admitida por el alto tribunal, los congresistas habrían intervenido para direccionar contratos y cargos dentro de la entidad a cambio de respaldar proyectos clave del Ejecutivo. Estas conductas, de acuerdo con el recurso presentado, configurarían tráfico de influencias y una vulneración directa al régimen de incompatibilidades que rige a los parlamentarios.
El proceso por pérdida de investidura es independiente de las investigaciones penales que avanzan en la Corte Suprema y en la Fiscalía General de la Nación, pero se alimenta de la misma fuente: las declaraciones de exdirectivos de la Ungrd que decidieron colaborar con el ente acusador.
Sus relatos describen un esquema de negociación política en el que los recursos para la atención de emergencias habrían sido usados como herramienta para consolidar mayorías en el Congreso.
