74 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS EN RISARALDA DURANTE EL 2025
En desarrollo de las estrategias institucionales enfocadas en la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Risaralda, ha intensificado sus acciones operativas y preventivas, logrando la incautación de 74 armas de fuego en lo corrido del año 2025. La cifra evidencia un aumento del 124% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 33 incautaciones.
Las armas incautadas, entre pistolas y revólveres, legales e ilegales, fueron decomisadas en procedimientos realizados en diferentes municipios del departamento, como parte de operativos de control, patrullajes, requisas, y labores de inteligencia e investigación criminal.
Estas acciones han sido posibles gracias a la implementación de planes integrales de seguridad como las “Caravanas por la Seguridad” y los “Puestos de Control”, los cuales se ejecutan de manera focalizada en horarios y sectores estratégicos identificados tras análisis de fenómenos sociales y delincuenciales presentes en la región.
Capturas por porte ilegal
Durante estos operativos, también se ha logrado la captura de 40 personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Municipios como Mistrató (8 capturas), Belén de Umbría (7) y Santa Rosa de Cabal (6) concentran gran parte de estas detenciones.
“Estas capturas y decomisos son el resultado de un trabajo articulado entre las diferentes especialidades de la Policía y la comunidad, que cada vez confía más en nuestras instituciones para denunciar cualquier hecho sospechoso”, manifestó un vocero del Departamento de Policía Risaralda.
Resultados recientes
Uno de los logros destacados por la institución se dio en la última semana, cuando unidades del nuevo modelo del servicio de policía y de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) lograron incautar siete armas más, en medio de distintos procedimientos que permitieron neutralizar posibles acciones delictivas.
La Policía reitera su llamado a la ciudadanía para seguir colaborando activamente con las autoridades a través de las líneas de atención, con el fin de identificar y prevenir hechos que alteren la tranquilidad en los territorios.
Seguridad con enfoque preventivo
Estas acciones no solo buscan la reacción ante el delito, sino fortalecer la presencia institucional en las comunidades. “Nuestro objetivo es generar entornos seguros, prevenir la violencia y fortalecer el trabajo interinstitucional. Seguiremos trabajando sin descanso por una Risaralda más segura para todos”, concluyó el vocero.
PORTE ILEGAL DE ARMAS: UN DESAFÍO NACIONAL QUE NO CEDE
Aunque en departamentos como Risaralda las autoridades han intensificado los operativos para frenar el porte ilegal de armas, el fenómeno sigue siendo un reto a nivel nacional. Más del 80% de los homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego, y una parte significativa de estas no cuentan con permisos legales.
Una prohibición que se mantiene desde 1993
Desde hace más de tres décadas, Colombia mantiene una restricción general al porte de armas de fuego para civiles. Solo personas con situaciones especiales de riesgo comprobado pueden portar armas con permiso del Estado. Sin embargo, este control legal no ha sido suficiente para frenar el mercado negro.
En ciudades y zonas rurales, las armas ilegales circulan a través de redes de crimen organizado, disidencias de grupos armados y estructuras dedicadas al microtráfico. A esto se suman armas de fabricación artesanal o piezas modificadas que evaden los mecanismos de rastreo.
Factores que sostienen el mercado ilegal
– El tráfico de armas en Colombia se sostiene por diversas causas:
– Presencia de grupos armados y disidencias en zonas rurales.
– Delincuencia urbana ligada a robos, extorsiones y sicariato.
– Fallas en el control institucional, incluyendo casos de armas perdidas o desviadas desde entidades oficiales.
– Corrupción en trámites de permisos y vigilancia de armas legales.
Respuesta del Estado y estrategias de control
Frente a este panorama, la Fuerza Pública ha fortalecido su accionar con campañas de entrega voluntaria, vigilancia sobre permisos, decomisos selectivos, patrullajes urbanos y controles en terminales, vías y entornos escolares. La Fiscalía y la Policía Judicial también lideran investigaciones para desarticular las redes que alimentan este mercado ilegal.
En departamentos como Risaralda, estas acciones han mostrado resultados con aumentos notables en incautaciones, pero la necesidad de sostenibilidad y coordinación interinstitucional sigue siendo clave para reducir el riesgo que representan las armas ilegales en las calles.
«8 de cada 10 homicidios en Colombia se cometen con armas de fuego ilegales»
El porte ilegal sigue siendo una amenaza para la seguridad ciudadana, a pesar de las restricciones vigentes desde 1993. Las autoridades refuerzan operativos, pero el mercado negro persiste.
