CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA ADVIERTEN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA
- El próximo 30 de junio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, suspenderá la prestación y suministro del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad recluidas en los Centros de Detención Transitoria, que por disposición legal (Ley 2346 de 2024), tendrá que ser asumido por las entidades territoriales a partir de esa fecha.
- Las alcaldías y gobernaciones deberán presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la Ley, para garantizar la continuidad del servicio de alimentación a partir de julio de este año.
- La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, requerirán y verificarán la información presentada por las entidades territoriales, para realizar el respectivo seguimiento y control.
La Contraloría General de la República a través de su Delegada para el Sector Justicia y la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada Con Funciones Mixtas 1: para la defensa de los derechos humanos, alertaron sobre la inminente finalización el próximo 30 de junio, de la prestación y suministro del servicio de alimentación por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, para las personas privadas de la libertad recluidas en los Centros de Detención Transitoria, que por disposición legal tendrá que ser asumido a partir de esa fecha, por las entidades territoriales.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 2346 de 2024, en la cual se asignaron nuevas competencias a las autoridades territoriales (alcaldías y gobernaciones) en materia de alimentación para atender la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad recluidas en las estaciones de Policía y URI del país. Cada gobierno local debe presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la Ley y garantizar la continuidad del servicio de alimentación en cada centro de detención a partir de julio de este año.
En consecuencia, los órganos de control instan a las autoridades territoriales y al Ministerio de Justicia y del Derecho, a definir los planes de implementación del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria y garantizar la continuidad de los mismos, en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, requerirán y verificarán la información presentada por las entidades territoriales, para realizar el respectivo seguimiento y control e informará a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.
De forma paralela, la Contraloría General de la República se encuentra ejecutando durante el primer semestre de esta vigencia, una Auditoría de Cumplimiento a las 125 cárceles del país a los Centros de Detención Transitoria, Unidades de Reacción Inmediata (URIS) y a la articulación del sector justicia para gestionar el sistema penitenciario y carcelario del país.
